El próximo presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, hizo abundantes referencias a los cambios que deseaba en el sistema educativo durante su campaña. Ahora, los sindicatos de la enseñanza solicitan que la educación sea "una prioridad".
De acuerdo con el programa del PP en estas elecciones, Rajoy afirmó en distintos foros que su primer objetivo consistía en el refuerzo de la Formación Profesional. Propone un modelo similar al alemán, de modo que sea compatible la formación en el centro con una especie de contrato en prácticas dentro de una empresa. Al principio de la campaña sugirió que se transformaría el actual Bachillerato en un ciclo de tres cursos, a la vez que la FP podría comenzarse a los 15 años. Insistió varias veces en la extensión de la enseñanza bilingüe castellano-inglés, o trilingüe con otra de las lenguas oficiales, desde la educación infantil. También hizo referencia a la necesidad de reconocer y apoyar la autoridad de los docentes.
Respecto al marco legislativo, ha hecho declaraciones variables. Al principio auguraba un restablecimiento de la LOCE (Ley de Calidad de la Enseñanza), que no llegó a aplicarse antes del triunfo socialista en 2004. Pero otras intervenciones en el tramo final sugerían que bastaría introducir "cinco cambios" sobre la actual LOE, en busca de un pacto por la educación. Dicho pacto no fue posible por iniciativa del actual munistro Ángel Gabilondo.
Ha subrayado que considera necesario recuperar el valor del esfuerzo y la excelencia en los distintos niveles educativos, a la vez que garantizar la igualdad de oportunidades. Al hilo de esos fines, anuncia el restablecimiento de evaluaciones externas y objetivas tanto sobre el profesorado, durante su concurso de acceso, como sobre el alumnado. No está claro todavía si esas pruebas seguirán las pautas de los sistemas de evaluación por competencias, como el programa PISA, o reproducirán el estilo de la antigua reválida. Tampoco se ha aclarado cómo se organizará la formación de los docentes para aumentar la calidad del sistema.
Sus contrincantes políticos, PSOE e IU, daban por sentado que los recortes en educación afectarían al sistema de becas, a los recursos humanos y al proceso de introducción de las TIC en la práctica docente, lo que ha ocurrido en comunidades autónomas regidas por el PP, como Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o La Rioja. Sin embargo, Rajoy pone por modelo la gestión de Castilla y León, una de las mejor valoradas por el programa PISA.
Al día siguiente de conocerse los resultados electorales, los sindicatos instan al próximo Gobierno a que la educación sea "una prioridad". FE-CCOO pide "consenso, acuerdo y diálogo" para atender la diversidad del alumnado, luchar contra el fracaso y el abandono escolar, o que la educación universitaria no pierda autonomía y financiación. FETE-UGT solicita que no se desencadene una "guerra escolar" entre la enseñanza pública y privada-concertada, así como que el ajuste presupuestario no afecte a la educación. El CSIF apoya algunas medidas, como el Bachillerato de tres años o una ley de Autoridad del profesorado, pero solicita la apertura de un periodo negociador. ANPE espera un "cambio profundo" del sistema educativo que promueva la excelencia, a la vez que se flexibilizan los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
De acuerdo con el programa del PP en estas elecciones, Rajoy afirmó en distintos foros que su primer objetivo consistía en el refuerzo de la Formación Profesional. Propone un modelo similar al alemán, de modo que sea compatible la formación en el centro con una especie de contrato en prácticas dentro de una empresa. Al principio de la campaña sugirió que se transformaría el actual Bachillerato en un ciclo de tres cursos, a la vez que la FP podría comenzarse a los 15 años. Insistió varias veces en la extensión de la enseñanza bilingüe castellano-inglés, o trilingüe con otra de las lenguas oficiales, desde la educación infantil. También hizo referencia a la necesidad de reconocer y apoyar la autoridad de los docentes.
Respecto al marco legislativo, ha hecho declaraciones variables. Al principio auguraba un restablecimiento de la LOCE (Ley de Calidad de la Enseñanza), que no llegó a aplicarse antes del triunfo socialista en 2004. Pero otras intervenciones en el tramo final sugerían que bastaría introducir "cinco cambios" sobre la actual LOE, en busca de un pacto por la educación. Dicho pacto no fue posible por iniciativa del actual munistro Ángel Gabilondo.
Ha subrayado que considera necesario recuperar el valor del esfuerzo y la excelencia en los distintos niveles educativos, a la vez que garantizar la igualdad de oportunidades. Al hilo de esos fines, anuncia el restablecimiento de evaluaciones externas y objetivas tanto sobre el profesorado, durante su concurso de acceso, como sobre el alumnado. No está claro todavía si esas pruebas seguirán las pautas de los sistemas de evaluación por competencias, como el programa PISA, o reproducirán el estilo de la antigua reválida. Tampoco se ha aclarado cómo se organizará la formación de los docentes para aumentar la calidad del sistema.
Sus contrincantes políticos, PSOE e IU, daban por sentado que los recortes en educación afectarían al sistema de becas, a los recursos humanos y al proceso de introducción de las TIC en la práctica docente, lo que ha ocurrido en comunidades autónomas regidas por el PP, como Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o La Rioja. Sin embargo, Rajoy pone por modelo la gestión de Castilla y León, una de las mejor valoradas por el programa PISA.
Al día siguiente de conocerse los resultados electorales, los sindicatos instan al próximo Gobierno a que la educación sea "una prioridad". FE-CCOO pide "consenso, acuerdo y diálogo" para atender la diversidad del alumnado, luchar contra el fracaso y el abandono escolar, o que la educación universitaria no pierda autonomía y financiación. FETE-UGT solicita que no se desencadene una "guerra escolar" entre la enseñanza pública y privada-concertada, así como que el ajuste presupuestario no afecte a la educación. El CSIF apoya algunas medidas, como el Bachillerato de tres años o una ley de Autoridad del profesorado, pero solicita la apertura de un periodo negociador. ANPE espera un "cambio profundo" del sistema educativo que promueva la excelencia, a la vez que se flexibilizan los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
No hay comentarios:
Publicar un comentario